Por Claudio Andrade
A pesar de constituirse en uno de los sectores de mayor dinamismo en la economía chilena, la salmonicultura está soportando los duros embates que vienen del propio gobierno nacional y de poderosas ONGs que pretenden expulsar a la actividad del sur del país.
Las numerosas trabas burocráticas, que demuestran una nada oculta intención de terminar con la industria que representa una facturación superior a los 6500 millones de dólares anuales, de parte del Ministerio de Medioambiente conducido por Maisa Rojas, están afectando la producción y como consecuencia el empleo sectorial desde distintos frentes.
En los últimos meses ha caído la producción con un impacto directo sobre el empleo en Magallanes.
Según datos del sector el 2022 cerró con 4.080 funcionarios, mientras que a septiembre de 2023 llegan a 2.880.
Es decir, 1200 empleos menos que irradian a cerca de 4000 personas si se toma en cuenta que cada fuente laboral puede representar una familia de 3 integrantes.
Por otro lado, el sector proyecta una caída del 30% en la siembra un dato que terminará influyendo en la producción del 2024.
“Eso es súper relevante, porque no se va a visibilizar hoy, pero sí el segundo semestre del próximo año. El otro año vamos a tener otra caída de la producción y eso se traduce de nuevo en menor contratación de empleo y, por supuesto, también en lo que significan los empleos indirectos, con proveedores de servicios que también han estado a la baja, ya sea en transporte o en plantas de procesos”, señaló la gerenta general de la Asociación de Salmonicultores de Magallanes, Francisca Rojas a La Prensa Austral.
“El problema que tenemos con respecto a esta baja en los centros de cultivo que están operando es que necesitamos poder despejar los permisos que están detenidos y que impiden que la industria pueda compensar esa baja con otros centros de cultivo que se puedan poner en actividad. Y eso es lo que más nos tiene complicados, sobre todo pensando en el largo plazo”, amplió.
La salmonicultura atraviesa un momento de gran incertidumbre. Por un lado, el proyecto de acrecentar las áreas protegidas en Magallanes terminaría abarcando el 90 % del territorio.
Con esto sería muy difícil desarrollar actividades en el mar incluso como las de siembra y producción como realiza el sector.
Por otro, el perjudicial entramado de los escritorios y sus timbres y firmas.
Según se conoce hay 84 solicitudes de concesión acuícola en Magallanes y 69 se encuentran congeladas porque colisionarían con los llamados Espacios Costeros Marinos para Pueblos Originarios.
La ministra Rojas advirtió días tras en Aysén, en el medio de una tumultuosamente reunión con trabajadores, que el gobierno de Gabriel Boric y su cartera insistirían en expulsar a las empresas salmoniculturas del sur. Esto a pesar de que la modificación de la Ley de Pesca que esperaban realizar fue rechazada en el Congreso.
Además hay 9 concesiones detenidas en el marco de procesos judiciales que llevan adelantes ONGs. Estos recursos esperan su resolución en el Tribunal Ambiental de Valdivia.

“Para que la industria salmonicultora se proyecte en los próximos años, requerimos de un trabajo conjunto. No puede ser imponiendo temas. Creo que hay que pasar de la imposición al diálogo y a los hechos concretos”, señaló la directora ejecutiva del Consejo del Salmón, Loreto Seguel, en una reciente entrevista con El Mercurio.
“Seguel enfatizó que el Ejecutivo no debería adoptar una postura tan rígida con la industria, sino más bien colaborativa, trabajando junto a los actores del sector para fortalecer la actividad en las próximas décadas. Destacó la importancia de proyectar una industria sostenible en todos los ámbitos, desde la biodiversidad hasta los procesos de permisología y relocalizaciones”, consignó Mundo Acuicola.

La obsesión de la ministra de Medioambiente apoyada por un grupo de poderosas ONGs extranjeras están dejando un rastro de desempleo y crisis que podrían desplomar el crecimiento de Magallanes, entre otras regiones de Chile.
Algunos comienza a llamar a Rojas como la “Santa Desempleo Maisa”.
De acuerdo a la información preliminar de Cuentas Nacionales sobre el Producto Interno Bruto (PIB) Regional del segundo trimestre de 2023 que notificó el Banco Central, la Región de Magallanes ya exhibe números preocupantes a pesar de su enorme potencial económico.

“La Región de Magallanes mostró una caída de 4,1% asociada al resultado del resto de bienes, lo que fue compensado en parte por los servicios. En tanto, consumo de hogares se contrajo 5,1% con una baja en todos los componentes, destacándose los menores gastos en bienes no durables y durables”, reflejo El Mercurio.
Hasta ahora las autoridades regionales y las delegaciones no se han manifestado por los ataques que recibe un sector que ha mejorado claramente los índices económicos y sociales en el sur del país.
Las exportaciones de salmón representan cerca de 700 millones de dólares anuales en Magallanes.