A pesar de que el gobierno no pudo imponer una modificación en la Ley de Pesca con la que en la práctica expulsaba a la salmonicultura del sur del país, ahora ha hecho circular un instructivo que apunta en este mismo sentido.

Con esto el Ministerio de Medioambiente (y desempleo) que conduce Maisa Rojas, se salta olímpicamente las decisiones tomadas por los legisladores en el Congreso hace escasos meses y, en sus palabras dichas recientemente en Aysén, vuelve a dar una obsesiva batalla contra la actividad que entrega más de 70 mil empleos en el país.

“Es de nuestro interés comunicar sobre el Sistema Nacional de Áreas Protegidas del Estado algunos efectos jurídicos que resultan aplicables a los procedimientos que actualmente podrían estar en curso para el otorgamiento de concesiones sectoriales dentro de los límites de áreas protegidas”, indica el oficio dado a conocer por La Tercera y que tiene fecha 22 de septiembre de 2023.

Estos resquicios legales podrían traer aparejados dramáticas consecuencias en Los Lagos, Magallanes y Aysén. En estos últimos la salmonicultura representa más del 25% y 40% del PIB de la región respectivamente.

Sólo en Magallanes tradicionalmente el sector comprende más de 7000 trabajadores entre directos e indirectos.

El oficio del Ministerio del Medio Ambiente (MMA), lleva la signatura del subsecretario (s) Ariel Espinoza y fue distribuido a numerosas reparticiones públicas y la Corte Suprema, señala el mismo medio.

En lo concreto, esta circular subraya que se suspende el otorgamiento de concesiones en todas las áreas “protegidas que no cuenten con un plan de manejo vigente”.

En otras palabras, prohíben la salmonicultura de hecho en las regiones donde tiene mayor influencia.

Las constantes trabas impuestas por el Gobierno y la ministra de Medioambiente (y desempleo) Rojas ya han provocado una retracción en Magallanes donde se registran 1200 empleos menos durante estos meses en el marco de una baja de la producción.

“Mientras un área protegida, independiente de su categoría de protección, no cuente con un plan de manejo vigente, no podrán otorgarse concesiones, debiendo quedar suspendida la tramitación del procedimiento, de pleno derecho, hasta la aprobación del respectivo plan de manejo, de forma tal de evaluar la compatibilidad que exige el artículo en comento”, indicó Espinoza a La Tercera.

El gobierno se basa en interpretaciones puntuales de la Ley Para La Naturaleza (21.600), mismas que colisionan con el desarrollo del sector.

La iniciativa baypasea la negativa de los legisladores a prohibir toda actividad en zonas de Reserva Natural tal y como pretendía el gobierno durante la discusión de la Ley de Pesca y la creación del Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas (SBAP) en el Congreso.

Aunque el Servicio de Biodiversidad aún no opera, los informes ambientales favorables dependerán de organismos del propio Estado (como Conaf) y será el MMA quien ejecute los planes de manejo. En otras palabras, difícilmente se amplíen los horizontes de una de las industrias más exitosas que ha desarrollado Chile en el último siglo.

El Oficio 23405/3, dictado por el ministerio del Medio Ambiente el 22 de septiembre, sólo reafirma la voluntad del gobierno de Gabriel Boric de erradicar a la salmonicultura de Chile.

“Lo estamos analizando, esto es algo que ocurrió muy reciente y nosotros como gremio lo estamos analizando. Pero creo que hay principios rectores que, más allá del análisis que estamos haciendo, se tienen que mantener. Cualquier interpretación jurídica y elementos ilustrativos que ocupe el Ejecutivo, siempre debe respetar la decisión soberana y autónoma de otro órgano del Estado, como fue lo aprobado y rechazado por el Congreso. Eso para nosotros es fundamental en la institucionalidad del país”, dijo Loreto Seguel, directora ejecutiva del Consejo del Salmón.