Por Claudio Andrade
Lo que debería ser un motivo de profunda preocupación para el gobierno de Gabriel Boric, se ha convertido, en el Ministerio de Medioambiente, conducido por Maisa Rojas, en una retorcida e insólita ocasión de festejo.
Desde hace más de una década un grupo de ONGs extranjeras interviene en la política ambiental de Chile y, en definitiva, en su soberanía. Sin embargo, en estos primeros dos años de mandato de Boric, la situación ha llegado a extremos históricos. Las organizacionales foráneas influyen de manera decisiva en el destino del territorio nacional. No hay espacio para las dudas en este sentido.
El primer paso de este “Colonialismo Verde” lo dio el magnate Douglas Tompkins en los 90, quien después de considerar que Canadá era demasiado caro para sus planes de conservacionismo extremo, puso sus ojos en Chile.
Después de él desembarcaron en el país otros millonarios con visiones mesiánicas acerca de cómo salvar al planeta de sus propios habitantes. Chile, con su baja población y un territorio escasamente desarrollado, se convirtió en el espacio perfecto para este nuevo experimento social. En pocas palabras la idea siempre ha sido convertir el mayor porcentaje posible de Chile en un parque nacional y expulsar a la población que habita las tierras bajo protección.
Una de las ideas que cruzan este proyecto es atraer a la región a un turismo de elite. Cuantos menos paguen más, mejor, sería la ecuación que esconde un poco disimulado nihilismo. Una forma de apropiarse del territorio y su mar es desalentando cualquier actividad productiva por lo que los pobladores no tienen otra chance que dejar sus campos, animales o naves de mar y dirigirse a los grandes conglomerados.
El gobierno de Boric no teme en exhibir su estrecha colaboración con ONGs que han declarado en más de una ocasión una verdadera guerra al progreso y su deseo de transformar en tierra salvaje e intocable a una enorme fracción del país. Una acción que en un futuro muy cercano terminará afectando de lleno las posibilidades de desarrollo nacional.
Festejando el anti desarrollo
Días atrás el subsecretario Maximiliano Proaño se mostró con representantes de diversas organizaciones que impulsan un lobby destinado a hacer retroceder a Chile a tiempos inmemoriales. Sin gente y sobre todo sin memoria cultural. “El subsecretario Maximiliano Proaño, junto a representantes de Wildlife Conservation Society-Chile (WCS), The Nature Conservancy (TNC), Fondo Naturaleza Chile (FNC) y World Wildlife Fund Inc. (WWF) firmaron un memorando de entendimiento que apoyará la puesta en marcha de la Ley 21.600 en Chile”, arranca un comunicado de la cartera publicado en los últimos días.
“Junto a Wildlife Conservation Society-Chile (WCS), The Nature Conservancy (TNC), Fondo Naturaleza Chile (FNC) y World Wildlife Fund Inc. (WWF), el Ministerio del Medio Ambiente firmó un memorando de entendimiento (MDE) que busca apoyar en la implementación de la Ley Para la Naturaleza (Ley 21.600), que crea el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas (SBAP) y el Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SNAP)”, sigue.
“El objetivo del MDE es promover la cooperación mutua para fortalecer y catalizar la implementación del SBAP y SNAP, a través de un marco general de colaboración voluntaria entre las partes, quienes además aportarán con recursos para su implementación”, detalla.
Lo que no subraya este comunicado es que estas ONGs lideran agresivas campañas con el propósito de quitar de en medio a la salmonicultura, la pesca industrial, artesanal, el buceo, la minería, la ganadería y el hidrógeno verde en el sur chileno. Su intromisión en las decisiones que tendrían ser soberanas es total y hace entender que existe una entrega del mapa nacional a ONGs con oficinas en Suiza o los Estados Unidos, por mencionar dos orígenes reales.
La WWF por ejemplo ha participado de los talleres donde se define, junto a representantes del pueblo kawéskar y vecinos, el uso del borde costero. Una enorme contradicción la de ubicar en el tablero a una ONG extranjera para que “ayude” a determinar qué se puede hacer y qué no en la propia geografía de Chile.
“La implementación de la Ley Para la Naturaleza plantea un enorme desafío para la institucionalidad ambiental. Es por ello que, hoy más que nunca, necesitamos canalizar la participación y apoyo de los principales actores vinculados a la conservación en nuestro país bajo nuevas fórmulas de colaboración, que seguro traerán buenos resultados en el corto y mediano plazo”, dijo Proaño.
Una vez más sorprenden sus palabras tomando en cuenta que de este tipo de conversatorios no participan en general los vecinos de las comunidades afectadas, así como tampoco los trabajadores y los representantes de empresas.
“El acuerdo reconoce el rol de la Ley 21.600 para avanzar en los compromisos nacionales y globales de conservación de la biodiversidad. Así, a través de este instrumento, se proporcionará un marco legal integral para la gestión sostenible de los recursos naturales y la protección de áreas protegidas en todo el país”, insiste.
“La construcción de un país diferente precisa entender que la naturaleza y la biodiversidad están en el centro de nuestro bienestar, social y económico. Hoy día con el SBAP se le da al Estado, la responsabilidad de hacerse cargo de ese cuidado y esa es una tarea en la que tenemos que confluir toda la sociedad”, dijo la directora de WCS Chile, Bárbara Saavedra.
La pregunta es básica ¿quién le encargó a esta ONG diseñar un Chile distinto? ¿Le corresponde a una entidad extranjera establecer qué país deben habitar los chilenos?
“La firma de este acuerdo significa recoger las voces de la sociedad civil respecto a la conservación de la naturaleza de nuestro país, pero también, la entrega de capacidades técnicas y el desarrollo de iniciativas en conjunto que pueden crear un impacto mucho más concreto y eficaz en la gestión de los recursos naturales y las áreas protegidas”, indica Ricardo Bosshard, director de WWF Chile, pero si algo faltan en los encuentros que ellos protagonizan son las voces de la sociedad toda.
“En Chile vivimos un momento único, muy mirado a nivel latinoamericano, donde se alinean las intenciones del Estado y de las ONG’s para avanzar en la protección efectiva. Tenemos por primera vez un Fondo para la Naturaleza Chile, muchas ONG’s interesadas, sociedad civil y tiempos que nos están empujando a tener una implementación completa para avanzar en la implementación del SBAP”, señaló Tania Correa, directora de conservación de TNC Chile.
Correa revela que existe una sociedad entre las ONGs y el “Estado” o se debería decir actual gobierno por generar cambios que podrían terminar reduciendo severamente el crecimiento del país. Cambios que no fueron aprobados por la población y que tampoco figuran en su agenda.
Un grupo de poder que sueña un país despoblado
El grupo de ONGs que hoy opera en Chile poseen en conjunto alrededor de USD 550.000 millones en patrimonio. La lista de organizaciones que son financias o apoyadas de algún modo por verdaderas fortunas nacidas de la moda, el petróleo, el gas, entre otras, conforman un entramado ideológico extremo que se adentra en la política nacional de los países sudamericanos de una manera prepotente y extrema.
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