Nuevamente fue rechazada en Aysén la entrega de más de 620 mil hectáreas a un pequeño grupo familiar que tiene descendencia ancestral en el marco de la ley Lafkenche.

Hace unas horas la Comisión Regional de Uso de Borde Costero votó por no conceder esta enorme fracción de territorio marítimo a alrededor de 40 chilenos de comunidades indígenas.

Para este lunes había quedado agendada la nueva sesión del organismo en Aysén, pero que ya contaba con un antecedente negativo en febrero pasado.

Un grupo de personas reclamaba los llamados Espacios Costeros Marinos Pueblos Originarios (ECMPO) en las Islas Huichas y Cisnes por un total de 621 mil hectáreas.

La votación dedicada a la Isla Huichas fue 27 rechazo, 3 a favor y 1 abstención, mientras que el proyecto cisnes se rechazó por 25 votos, informó.

Frente a un escenario preocupante y complejo que de concretarse habría afectado la actividad económica de toda la región se congregaron representantes de los más diversos sectores productivos. Entre ellos actores del turismo, la pesca artesanal, la acuicultura, dirigentes vecinales, entre otros. Todos hicieron conocer por diversas vías su oposición a estos pedidos de territorio.

“Como Consejo del Salmón valoramos la decisión del #CRUBC que ratificó el rechazo a la #ECMPO de Islas Huichas y Cisnes, cuya posible aprobación podría haber generado conflictos sociales, ya que la superficie que abarcaba era desproporcionada (de un tamaño aproximado de 40 veces la Isla de Pascua)”, indicó el organismo que agrupa a alguna de las principales empresas del sector y dirige Loreto Seguel.
“Además, es una solicitud que ha estado marcada por una serie de irregularidades, como el hecho de que dos de las comunidades solicitantes se bajaron de la reclamación, o la detección de que una de las personas firmantes estaba fallecida X”, sigue el comunicado.
“En este sentido, respetamos el espíritu de la ley lafkenche cuyo origen es noble. Sin embargo, en este tipo solicitudes debe primar el bien común por sobre intereses individuales”, concluye el escrito.

Desde la Multigremial Nacional adelantaron que irán al Congreso con el fin de impulsar un proyecto de ley que revele quiénes están detrás de las ONG que acompañan estos reclamos desmedidos y ponen en peligro las economías del sur de Chile.