Las señales que el gobierno emite en relación a la acuicultura y la pesca industrial preocupan a los gremios y las miles de empresas que brindan servicio al sector.
Las exportaciones conjuntas, pesqueras y acuícolas, suman alrededor de US$ 8.827,2 millones. Solo la salmonicultura entrega empleo directo e indirecto a unas 70 mil personas. Son números gruesos que compiten, por ejemplo, con el litio, y se ubican en el segundo lugar de exportaciones por debajo de la minería.
En un reciente encuentro con gremios en Magallanes el Subsecretario de Pesca y Acuicultura, Julio Salas, recuperó una idea que había mencionado en 2023: las industrias chilenas vinculas al mar deberían abandonar el territorio chileno y trasladarse a mar abierto.
Las razones que esgrime Salas recuerdan a las que sostienen las principales ONGs que operan con fuerza en Chile. Su obsesión es que gran parte del territorio nacional permanezca inutilizable y por fuera de cualquier desarrollo económico.
Esto en el marco de la discusión de la Ley de Acuicultura que ha recibido desde el vamos el rechazo de numerosos actores sociales y gremiales por el proceso mismo de su discusión. Al punto que hace unos días en Puerto Natales se tuvo que suspender uno de los talleres organizados por Subpesca y la Universidad Austral de Chile porque los participantes denunciaron que había una escasa convocatoria, sesgada y no representativa de quienes están vinculados a la industria.
“Con los niveles de regulación vigentes y el grado de saturación de los espacios disponibles en los fiordos, estamos en una situación de techo para la actividad. Parte de la conversación público-privada de una Ley General de Acuicultura tiene que ser capaz de imaginar nuevas tecnologías, nuevos espacios, y nuevos consensos en los territorios donde se realiza la actividad. Por ejemplo, explorar la acuicultura en alta mar», aseguró el subsecretario Salas en 2023 a El Mercurio.
Su idea implica, básicamente, a expulsar a la acuicultura del país.
Fue el magnate Douglas Tompkins quien inició esta cruzada desde su llegada al país en los 90 y hasta su muerte. Pero su legado continúa. Topmkins soñaba con un sur despoblado, sin gente, sin industria y anclado en una especie de moderna prehistoria. La propuesta de Salas está imbuida de estos sueños ultra ecologistas. Poderosas ONGs apuntan en este mismo sentido lo cual se traduce en judicialización de proyectos de inversión todo orden y millonarias campañas anti desarrollo.
“Una decisión de esa naturaleza tendría un tremendo impacto social y laboral en un lugar como Magallanes y se perdería miles de empleos. Además dejaría en crisis al sector y provocaría inestabilidad”, le dijo días atrás Juan Jara representante del Sindicato Obrero de Pescadores de la Pesquera Edén. “Detrás de esto hay un tema ideológico en el gobierno y que nos afecta”, subrayó.
Jara observa con temor cómo cierta clase política parece no comprender la realidad que viven los trabajadores en todo el sur chileno y en especial en Magallanes.
“Desde el gobierno están actuando al revés de lo que nos prometieron. No tenemos estabilidad en los trabajos, ha caído el trabajo y nos dijeron que nos iban a dar empleo y estabilidad”, explica Jara.
“Además el cultivo a mar abierto está muy desenfocado de lo que se hace aquí en Magallanes. Este es un tema ideólogo social que nos afecta y nos compete”, sigue.
“Lo que el gobierno escribe con la mano luego lo borra con el codo. Si se llevan los cultivos al mar abierto esto tendría un tremendo impacto social y laboral. El ministro de Economía (Nicolás Grau) se aventura a imaginarse situaciones que ve en otros países, pero que no pueden implementarse en nuestra realidad. Esas son otras realidad”, explica.
“Hay mucho por mejorar, es cierto, pero el gobierno tiene que ser más abierto y convocar a más sectores a estos diálogos sobre la Ley de Acuicultura. Me refiero a gente que de verdad está en esto”, señala Jara.
Un conjunto de gremios emitieron un duro comunicado sobre el escenario del sector y las pretensiones del gobierno de Gabriel Boric. El documento está dirigido a ministro de Economía y al Subsecretario de Pesca.
“Nos convoca la urgencia de que usted como autoridad política posibilite que el proceso consultivo que está realizando Subpesca en torno a la nueva Ley de Acuicultura, de verdad sea bien hecho”, indica el texto.
Los trabajadores reclaman un “proceso transparente y participativo (…) Es vital que se incluyan todos los actores involucrados en la cadena de valor de la industria salmonera, como organizaciones sindicales de trabajadores con presencia nacional, organizaciones territoriales, vecinales, sociales, gremios, armadores etc., de las seis regiones donde opera la industria”.
Además denuncian la interrupción de una ONG como PEW en el proceso consultivo, la misma que se opone a iniciativas económicas en el sur de Chile. “Nos parece grave que la universidad Austral de Chile, limite la participación de organizaciones sindicales mediante cupos restringidos de inscripción a las jornadas de relevantamiento de información y opinión, algo que NO vamos a permitir , sabiendo que esta entidad en procesos anteriores a trabajado bajo la influencia de las Organizaciones medios ambientales (PEW), y ha recibido financiamiento directo de estos”.
También se exige “la resolución de problemas pendientes; Necesitamos que el gobierno
aborde y resuelva los problemas actuales del sector tales como: Ley Lafkenche que sigue frenando las actividades productivas que se desarrollan en el borde costero. problemas con el SBAP, y la finalización de los planes de manejo, definición de nuevas áreas aptas para la acuicultura (AAA), que permita a la industria relocalizarse”, entre otros.
Los gremios además concluyen que “las restricciones que tienen a la salmonicultura estancada, generando solo faltas de confianzas”.
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