Los talleres dedicados a discutir la nueva Ley de Acuicultura comenzaron mal y siguen peor. Los trabajadores y sus gremios entienden que el gobierno de Gabriel Boric pretende otorgarle legitimidad al proceso de elaboración de una ley que pondría en jaque la actividad.

¿Y cómo se hace para otorgarle bases “democráticas” a un avance por demás polémico que iría en contra de una industria que hoy exporta por USD 6500 millones y entrega trabajo a más de 70 mil personas? Pues, organizando encuentros que al menos en la teoría son representativos, pero que en realidad nacen sesgados. Condicionados por una mirada militante extrema.

Los trabajadores han denunciado una y otra vez que las convocatorias a los talleres que se desarrollan en distintos puntos del sur de Chile, no abarcan de manera sustancial a quienes tienen actividades en la industria. Para ellos es casi como una convocatoria a dedo.

En octubre pasado debió suspenderse uno de los talleres que organiza Subpesca junto a representantes de la Universidad Austral de Chile en Puerto Natales porque lo trabajadores se negaron a aceptar un temario impuesto “desde arriba” y denunciaron que la convocatoria no incluyó ni a la mitad de quienes tienen representación en la industria. En Magallanes la salmonicultura exporta por USD 650 millones y ofrece empleo a unas 7000 personas.

Ya es público que la universidad participante recibió fondos de la poderosa ONG PEW para llevar adelante el proceso de “libres” conversaciones sobre la futura ley. De modo que el sesgo, la inclinación ideológica, el condimento militante, impregnan los talleres desde el vamos, según explican a este medio numerosos trabajadores.

Imagen de uno de los talleres que se frustró en Puerto Natales. Los trabajadores se negaron a participar y abandonaron la sala.

Este cronista envió una solicitud formal para participar del taller de Puerto Natales, pero, sorpresivamente, los organizadores le sugirieron al periodista que no lo hiciera. O en todo caso, que estuviera presente solo en un segmento. El día del taller, los enviados de la Universidad Austral, demandaron que nadie registrara la charla que ellos mantenían afuera de la Biblioteca Pública con los trabajadores que muy molestos se negaron a reingresar al establecimiento donde estaban convocados.

¿Por qué la demanda de intimidad ante un hecho público? ¿Qué se pretende ocultar?

Hace unos días distintos sindicatos pidieron a Contraloría General que los talleres sean suspendidos. “Los talleres que está impartiendo la Subpesca no están dando las garantías suficientes para que nosotros, dirigentes de organizaciones sindicales, tengamos la confiaza necesaria”, indicó Walter Sandoval presidente del Sindicato Interempresas Mar del Sur, según consignó El Llanquihue.

“Si los dirigentes, u otros actores de la industria levantan luces de alerta, nos parece pertinente poner atención. Ellos lo hacen en el ejercicio de su autonomía, y dicha libertad de participación debe ser siempre respetada y resguardada en nuestro país”, señaló por su lado, Loreto Seguel, directora ejecutiva del Consejo del Salmón.

En noviembre recién pasado, un grupo de gremios le solicitaron también a Controlaría General que suspenda directamente el proceso de elaboración de la Ley de Acuicultura. Esta Ley, como la polémica concesión de espacios marítimos a grupos de familias, y la intervención decisiva en este escenario de poderosas ONGs extranjeras que rechazan cualquier actividad económica en la Patagonia, parecen pensadas más para expulsar a la acuicultura que para regular sus alternativas.

El parte de prensa dado a conocer por los trabajadores indica: “Organizaciones de trabajadores de la industria del salmón solicitaron a la Contraloría General de la República la suspensión del proceso de elaboración de una nueva ley de acuicultura que está llevando adelante la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura del Ministerio de Economía, Fomento y Turismo y, del proceso de participación para el mismo objetivo que ha convocado la señalada Subsecretaría y que está en desarrollo, porque busca “refundar la industria salmonera para que no exista y eliminar a los trabajadores salmoneros” en los términos que se ha desarrollado hasta la fecha, lo que causará grandes e irreparables perjuicios a Chile, su pueblo, sus trabajadores y pequeños y medianos empresarios y, en especial, a las regiones del sur del país”.

El texto está firmado por: Walter Sandoval Navarro Sindicato del Interempresas Mar del Sur, Sindicato Interempresas de Trabajadores Marítimos y Lacustres, Plantas de Proceso, Centros de Cultivos y Organizaciones Afines, Anexas y Conexas; Luis César Villarroel Mansilla de la Federación de Sindicatos de Trabajadores Salmoneros y Afines Aguas Azules; Rolando Godoy Pérez del Sindicato de Trabajadores Dumestre, Natales y Agua Dulce; Claudio Oyarzún Paillacar del Sindicato Obrero de Trabajadores de Pesquera Eden SpA; Marta Oyarzo Low del Sindicato N°2 de Empresas Yadrán, Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Industria del Salmón; Mauricio Navarrete Henríquez de la Federación de Sindicatos de Trabajadores del Salmón y otros-FETRACAL, Confederación Nacional de las Industrias del Sur-CONFETRASUR y Elizabeth Pulgar de la Federación FETRASALMO.

Los trabajadores también apuntan a que el gobierno ubicó en puestos claves de medioambiente a funcionarios con un pasado que podría considerarse militante, lo cual rompe con el necesario equilibrio que exigen la industria y sus actores.