Por Claudio Andrade
Una derrota política y cultural
A pesar del anuncio, ni Grau y su equipo, ni la subsecretaría de Pesca, a cargo de Julio Salas, dieron a conocer esta decisión públicamente y dejaron que los sindicatos hicieran correr voz. En la industria se entiende esta omisión ministerial como una forma de no aceptar una derrota política en el intento de reducir espacios para la salmonicultura o directamente hacerla desaparecer del país, según entienden voces expertas consultadas.
Todos los plazos de respuesta oficiales quedaron vencidos hace dos días (10 de junio de 2025) y los funcionarios del gobierno del presidente Gabriel Boric todavía no dijeron una palabra al respecto. De este modo, algo tan trascendente como una ley sectorial quedó en el aire.
La respuesta de Grau a los salmoneros, constituida en parte oficial, significaría un reconocimiento indiscutible por parte del gobierno de la importancia estratégica de la salmonicultura en Chile y de su grave error al tratar de suprimirla, opinan conocedores del tema en el sur.
Un asunto complejo, puesto que el propio presidente Boric había adelantado al principio de su administración su salida de las Reserva y sus funcionarios tuvieron duras palabras y gestos para la actividad en estos años a pesar de influencia económica y social de la industria. El propio subsecretario Salas, imaginaba a la Salmonicultura y a la Pesca Industrial fuera de las costas y mar adentro, según declaró a los medios.
Recordemos que Salas quedó muy mal parado luego de entregar este año al Congreso datos erróneos o falsos sobre las cuotas del sector pesquero durante 2024.
Reclamos sin respuesta con los plazos vencidos
La secuencia sobre el reclamo sindical la idas y venidas entre el Ministerio de Grau y la Subsecretaría de Salas es la siguiente: el 21 de noviembre 2024 la Muntisindical ingresó solicitud a Contraloría General apuntando a los numerosos fallos que se observaban en el proceso de elaboración de la ley. El 29 de noviembre de 2024, apenas 3 días después, el organismo reclama al Ministerio de Economía, conducido por Grau, que conteste al requerimiento de los gremios.
El 15 de enero de 2025 el ministerio le solicita a la Subsecretaría de Pesca a cargo de Salas que responda por tratarse de su área especifica. Nada ocurre y el es 10 de marzo de 2025 que los mismos solicitantes detallan a Contraloría General que no hay respuesta por parte de Salas y sus funcionarios.
El 16 de mayo de 2025 Contraloría General pide al ministerio de Grau que elabore una respuesta en un plazo de 15 días administrativos. Nuevamente el ministerio de Economía el solicita el 27 de mayo de 2025 a SubPesca que conteste. El plazo ya venció.
Esta secuencia, más propia de una novela de Kafka, también revela los hilos internos de la burocracia nacional frente a un tema de vital trascencia como es la actividad salmonicultora, opinan fuentes cercanas al caso.
“No habrá proyecto de ley de acuicultura”, le había anunciado el ministro Grau a los sindicalistas. “En cambio, se trabajará en otros aspectos que preocupan a la industria: “relocalizaciones de concesiones y otras materias sensibles para los productores y los trabajadores”, informó la Multisindical de Trabajadores Salmoneros en un comunicado. Este comunicado es el único documento que refleja la decisión del gobierno de discontinuar el proceso.
“Refundar la industria salmonera para que no exista y eliminar a los trabajadores salmoneros”
En este marco el gobierno había implementado una serie de polémicos encuentros públicos con actores del sector, coordinados por profesionales de la Universidad de Austral, con el fin de darle curso al proyecto de ley.
“Organizaciones de trabajadores de la industria del salmón solicitaron a la Contraloría General de la República la suspensión del proceso de elaboración de una nueva ley de acuicultura que está llevando adelante la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura del Ministerio de Economía, Fomento y Turismo y, del proceso de participación para el mismo objetivo que ha convocado la señalada Subsecretaría y que está en desarrollo, porque busca “refundar la industria salmonera para que no exista y eliminar a los trabajadores salmoneros” en los términos que se ha desarrollado hasta la fecha, lo que causará grandes e irreparables perjuicios a Chile, su pueblo, sus trabajadores y pequeños y medianos empresarios y, en especial, a las regiones del sur del país”, señalaba el parte de prensa que acompañó la solicitud de suspensión por parte de los trabajadores ante Contraloría Regional.
En el extenso texto que presentaron los sindicalistas figuraban fundadas demandas por la falta de representación sectorial en las diversas instancias consultivas que precedían a la redacción de la ley. También se apuntaba a la clara vocación de reducir los espacios de producción en zona de Reserva una acción que de ponerse en marcha habría afectado la economía de gran parte del sur de Chile y de sus operarios, entre otros.
Militando la Ley de Acuicultura
La redacción de la ley resultó polémica desde sus inicios. El encargado de escribirla era el abogado Ignacio Martínez Jadue asesor de la Subsecretaría de Salas. “Curiosamente” el Plan de Manejo de la Reserva Kawésqar, utilizaba conceptos que habían sido tomados prestados de un artículo escrito por Martínez Jadue y otro abogado, Christian Paredes Letelier hace ya unos años en donde se cuestiona la actividad. Este Plan de Manejo era la base ideológica de la propia ley, según trascendió.
Antes de ser nombrado en la Subsecretaría, Martínez Jadue, había ejercido durante 6 años como abogado de la Fundación Terram una ONG que se opone de pleno a la salmonicultura en el sur de Chile.
El borrador del Plan de Manejo es una réplica de los textos de opinión que ambos abogados vienen publicando desde tiempo atrás. En el artículo 14 del apartado de “Acuicultura” se despliega su vocación por terminar con la actividad en la reserva.
“Se permitirá la práctica de acuicultura de pequeña escala (APE), la cual deberá estar restringida exclusivamente a especies nativas, sin afectar negativamente los objetivos de conservación establecidos en el presente plan. Todo esto definido en los acuerdos a partir de la promulgación de este plan de manejo y en virtud de los acuerdos alcanzados en el proceso de consulta indígena de bienes nacionales del 2017, sobre la recategorización de la reserva Alacalufes como parque y reserva nacional”, indica el borrador del plan.
Hoy Martínez Jadue ya no es parte de la Subsecretaría de Pesca y habría recibido una beca en el exterior, según se supo. Su salida del organismo es otra señal de que la Ley de Acuicultura ha sido sepultada sin pena ni gloria, pero tampoco sin las debidas explicaciones.
+Natales 