El nombramiento de la abogada Claudia Arancibia Cortés como fiscal instructora de la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA), hace alrededor de un año, ha provocado una profunda inquietud y controversia en el sector salmonero chileno.

La disconformidad de las empresas privadas radica en su innegable historial de activismo y acciones legales impulsadas contra la industria acuícola antes de asumir este rol regulador, desde el cual hoy tiene la responsabilidad de fiscalizarlas de manera imparcial.

A través de sus diversos artículos y escritos públicos, Arancibia Cortés ha mantenido una postura marcadamente crítica hacia la salmonicultura en toda su dimensión productiva. En su etapa como consultora externa de la ONG Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA), donde colaboró directamente con el proyecto «Detención de la Expansión de la Salmonicultura en la Patagonia Chilena», cuestionó duramente la efectividad de las sanciones ambientales vigentes y advirtió sobre la degradación de los fiordos patagónicos producto del cultivo intensivo.

Su labor contra el sector trasciende el ámbito académico. En 2023, la jurista ingresó denuncias formales ante la propia SMA y el Ministerio Público en contra de la empresa Australis por sobreproducción. Asimismo, en publicaciones difundidas por el Centro Ecoceanos, cuestionó el desempeño de las instituciones públicas frente al cumplimiento de estándares internacionales como el Acta de Protección de Mamíferos Marinos de EE. UU., obviando el peso estratégico de esta industria que representa el segundo producto de exportación del país.

Esta rápida transición de denunciante y activista a fiscal instructora encargada de sancionar al sector privado siembra serias dudas respecto a la objetividad de sus futuras fiscalizaciones.

Hay que recordar que la ONG Ecoceanos viajó a Estados Unidos con su par Libera para denunciar a su propio país sobre presunto trabajo forzado en áreas como la fruticultura y la salmonicultura. La ONG Libera llegó a reclamar severas sanciones para Chile por un hecho que ni siquiera ha sido aceptado por las propias autoridades norteamericanas.

Esta estrategia de internacionalizar conflictos y presionar mediante acusaciones gravitantes refleja una agenda que excede el ámbito de la fiscalización técnica ambiental. Para los gremios productivos y trabajadores de las regiones sureñas, la llegada de profesionales vinculados a este entramado de ONGs a puestos claves de control institucional debilita gravemente la certidumbre jurídica que requiere el desarrollo económico regional.

Actualmente, la salmonicultura se consolida como el motor indiscutible de las exportaciones no mineras de Chile, registrando envíos al extranjero que superan los 6.500 millones de dólares anuales y volúmenes de cosecha que sobrepasan 1,1 millones de toneladas. Más allá de los retornos económicos, la actividad sustenta una red productiva que genera más de 80.000 puestos de trabajo directos e indirectos en las regiones del sur austral (Los Lagos, Aysén y Magallanes), posicionando a Chile como el segundo productor mundial de salmónidos.

Frente a este escenario, diversos actores de la industria exigen garantías explícitas de probidad e imparcialidad. La delgada línea entre el activismo y la función pública se transforma así en un foco de tensión política e industrial en el sur austral, donde la confianza en la neutralidad del Estado resulta indispensable para el sostenimiento de miles de familias.