El Ministerio del Medio Ambiente abrió una nueva consulta indígena para crear el Parque Nacional Cabo Froward, en Magallanes, con una superficie ampliada de aproximadamente 183.045 hectáreas. El anuncio del 20 de octubre reactiva un proyecto cuyo procedimiento anterior fue revocado en 2025 y devuelve al debate las objeciones de comunidades kawésqar sobre quién decidirá los usos del territorio.
La iniciativa reúne terrenos fiscales y predios aportados por Fundación Rewilding Chile, vinculada al legado conservacionista de Douglas y Kristine Tompkins. Según el ministerio, incorporará nuevas superficies públicas y privadas. La primera reunión de planificación está prevista preliminarmente para el 18 de noviembre, con la expectativa de concluir la consulta durante el primer trimestre de 2027.
Juan Francisco González Caro, referente de la comunidad Ancón sin Salida, planteó tiempo atrás que la discusión comprende el acceso, las oportunidades económicas y la capacidad de los habitantes originarios para administrar su geografía. Su rechazo apunta a una conservación que, según teme, podría reducirlos a espectadores.
“Lo que propusimos fue una Reserva Indígena donde podamos participar”, explicó entonces a Zona Zero. Según su relato, esa alternativa fue descartada porque la donación estaba condicionada a establecer un parque nacional. De acuerdo a la resolución ministerial de julio de 2025 los predios debían destinarse a conservación bajo esa categoría específica.
Desde el principio la donación al Estado chileno estuvo condicionada a que se integrara a un parque nacional en la zona de Cabo Froward. Significa que no se podrán realizar actividades económicas en sus fronteras y la presencia humana quedará severamente limitada, señalan fuentes en Puerto Natales vinculadas al mundo empresario.
«A la Fundación Rewilding no le interesan las culturas ancestrales sino que quieren su imagen, nada más», apuntó en su momento Caro.
El dirigente expresó además temor a restricciones para ingresar al territorio y a un turismo reservado a visitantes de altos ingresos. Esas aprehensiones requieren respuestas concretas sobre acceso, actividades autorizadas y participación en la gestión. Por sí solas, no demuestran que el futuro parque vaya a excluir a las comunidades.
Seis comunidades solicitaron suspender la consulta anterior para corregir convocatoria, metodología y condiciones de participación. Posteriormente, el ministerio la revocó al constatar que la donación seguía pendiente y que Rewilding había requerido modificaciones de sus condiciones esenciales.
El Gobierno fundamenta el parque en la protección de turberas, bosques subantárticos y especies amenazadas. Ese objetivo convive con una controversia sobre derechos y decisiones territoriales. La nueva consulta deberá demostrar qué espacio tendrán las propuestas comunitarias para modificar el proyecto. La documentación revisada confirma la revocación administrativa anterior, pero no permite acreditar una orden judicial vigente que impida avanzar.
«El inicio de la consulta indígena fue oficializado mediante una resolución publicada este martes en el Diario Oficial, en cumplimiento del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y de la normativa vigente. Además, como parte de este proceso, el Ministerio del Medio Ambiente habilitó una plataforma con los antecedentes de la consulta en: https://consultaindigena.MMA.gob.cl/«, indica el parte de prensa del Ministerio del Medio Ambiente.
«La convocatoria contemplará reuniones de planificación con las comunidades indígenas, cuya primera sesión está prevista, de manera preliminar, para el 18 de noviembre. Una vez concluida esta etapa, el proyecto deberá continuar con los procedimientos administrativos correspondientes para concretar la creación del nuevo parque nacional», sigue.
